Se trata de una nueva figura jurídica introducida en la legislación española como consecuencia de la reforma del Código Penal efectuada en el año 2010, donde se prevé, por primera vez, la responsabilidad penal de la empresa.

A partir de este momento, la legislación exige la implantación de un Sistema de Prevención de Riesgos Penales en las Compañías, obligando a éstas a adoptar una serie de medidas de control y transparencia en orden a evitar posibles consecuencias jurídicas negativas, para el empresario, derivadas de los delitos que puedan ser cometidos en el seno de las mismas.

En Asesoría Gimeno, estamos a tu disposición para darte el consejo y asesoramiento jurídico más personal y cercano para adaptar tu Sistema de Prevención de Riesgos Penales (PRP) a las necesidades y características de tu negocio.